En 2009 reformamos para hacer frente a la delincuencia organizada. Limitamos los derechos procesales de personas acusadas de esos delitos y otorgamos enorme discrecionalidad a la autoridades encargadas de perseguirlos. La reforma no mejoró la inseguridad en el país, ni la procuración de justicia. En cambio, se extendieron y normalizaron prácticas perversas entre nuestras autoridades, como la tortura y el uso del arraigo. Apenas este verano, reformamos la justicia militar para expandir el fuero militar y facultar la investigación de delitos que involucren civiles. Incluso se autorizó el levantamiento de cadáveres, tarea que debiera estar exclusivamente en manos de la autoridad civil.
Hoy aparece, en la misma línea, la Ley de Seguridad Interior. A través de la figura de «declaratoria de afectación de la seguridad interior», esta ley propone una especie de paréntesis constitucional, decretable por el Ejecutivo, sin aprobación o supervisión del Congreso. Una «afectación» queda laxamente definida como actos «tendentes a» obstaculizar una serie de funciones del gobierno federal o local, tan indeterminadas como la ejecución de programas de apoyo federal. No se exige que los actos logren o que busquen obstaculizar, solo que alguien -los propios políticos encargados de solicitar y conceder la declaratoria- juzgue que un acto tiende a ello.
La declaración de afectación autoriza la instalación, en la vía pública, de retenes militares para inspeccionar bienes y personas. Autoriza también hacer uso de la fuerza para contrarrestar «la resistencia no-agresiva, agresiva o agresiva grave». Es decir que cualquier protesta -incluso una pacífica- podría enfrentarse con el Ejército y éste puede usar la fuerza, incluso la letal, para contrarrestarla. La ley también faculta al Ejército a recibir denuncias, investigar delitos y ejecutar órdenes de aprehensión. México está en crisis y la respuesta que se ofrece es la aprobación de otra ley que pone entre corchetes la Constitución, mientras salimos del aprieto. Pero hacer legal lo que hoy es ilegal no es la respuesta y difícilmente servirá para construir policías funcionales o disminuir la violencia. Una década de fracaso tendría que convencernos que el rumbo emprendido no traerá paz.
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