Nueve meses han pasado desde que cinco jóvenes fueron detenidos en Tierra Blanca por policías estatales, que los entregaron al crimen organizado. Desde el 11 de enero pasado sus padres sólo hallaron trazas de sangre de dos de ellos; habían sido calcinados y sus huesos triturados en un molino de caña; ahora van contra los mandos más altos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Cuatro de los ocho policías estatales implicados en el caso no habían pasado los controles de confianza. ¿Quién o quiénes debieron denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) que trabajaban en condiciones que les permitían operar con el crimen organizado?
, pregunta José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O. No hay respuesta.
La denuncia fue interpuesta en la PGR con el folio AC5418 por omisión de su responsabilidad como autoridad contra quien resulte responsable; sin embargo se nombra a varios funcionarios, entre ellos el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, el entonces subsecretario José Nabor Nava Holguín –hoy titular de la dependencia– y los funcionarios Roberto González, Alfonso Díaz Pineda, Xiomara Mirón Elizondo y Alejandro Contreras Uscanga.
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