¿Enrique Peña Nieto querrá reforzar uno de sus flancos más débiles? Las reformas a la Ley General de Víctimas le ofrecen una oportunidad que debería tomar. Los damnificados de la violencia política y criminal lo precisan.
Alicia de los Ríos Merino es hija de guerrilleros; su mamá fue detenida y desaparecida por la DFS en 1978. Fernando Ocegueda Flores preside la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, que tiene una relación de 280 desaparecidos entre 2006 y 2016. Alicia y Fernando tienen gran experiencia en el trato con las instituciones; con sus vivencias se haría una antropología de la indiferencia.
El Estado ha sido generosísimo en discursos, leyes y reglamentos, burocracias y presupuestos pero no ha resuelto las necesidades de las víctimas. Para la mayoría de organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, el Estado mexicano ha sido omiso y en algunos casos responsable de las tragedias humanitarias creadas por la Guerra Sucia y la Guerra del Narco. Hace días Peña Nieto aceptó que «tenemos que revisar el modelo que tenemos». Las reformas a la Ley General de Víctimas le permitirán a él y al Legislativo frenar y tal vez revertir el colapso. Con eso en mente enuncio algunas recomendaciones.
Reconocer la pluralidad: es necesario que el Presidente y su equipo tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores y no sólo de quienes le aplauden y festejan; extirpar el «cuotismo» y el «cuatismo»; la sociedad organizada tiene que participar de manera ordenada en todas las etapas sin que ello signifique meterla en la operación de los programas; empatía. En síntesis, la nueva Ley General de Víctimas debe garantizar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación integral. Pónganse serios y reconozcan la enorme deuda que tiene el Estado con las víctimas. No desaprovechen esta oportunidad. (Reforma)