Desde el 30 de septiembre de 2015, fecha en que asumió el cargo como presidente municipal de Pungarabato, Ambrocio Soto Duarte, recibió amenazas telefónicas por parte de la delincuencia organizada. La llamada era para advertirle que tenía que negociar con el jefe de la banda, para poder gobernar sin sobresaltos. El hostigamiento constante lo obligó a poner su renuncia en noviembre pasado, en la mesa de la dirigencia nacional del PRD. La respuesta dada desde el escritorio fue fría y alejada de la realidad: interponer la denuncia ante la PGR y presionar como partido para que la investigación se focalizara en el grupo delincuencial que ya tiene identificado tanto el Ejército como la policía federal. Al mismo tiempo solicitaron medidas cautelares para que el gobierno federal se abocara a brindarle protección. Con esas acciones jurídicas; la denuncia pública y la intervención de la dirigencia ante el gobierno federal, el presidente Ambrocio creyó que era suficiente para hacer frente a las amenazas y contener cualquier agresión de los grupos de la delincuencia. Confió que con la investigación de la PGR y los operativos anunciados por el secretario de gobernación y el gobernador Héctor Astudillo se replegarían las bandas del crimen y abandonarían la plaza.
A los 18 días de su gobierno su celular registró el siguiente mensaje “se le pidió que se arrime a platicar; no se arrimó, es en buen plan y usted no quiere…para mañana lunes (el jefe) quiere los 3 millones acordados…si pasa un día será el doble”. Este dato clave de la extorción fue reportado ante las autoridades ministeriales, además de otras informaciones contundentes sobre el modus operandi de la banda y de quien ejerce el mando regional. Ambrocio esperó que la PGR actuara con mayor presteza ante un riesgo inminente de un representante popular. No vio resultados tangibles. En cuanto a las medidas de seguridad le asignaron 3 patrullas con algunos elementos policíacos de la federación para acompañarlo en sus desplazamientos y mantener vigilancia en su domicilio, la presidencia, en sus ferreterías y las de su familia. (Centro de Derechos Humanos Tlachinollan)