A casi dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, nos encontramos el escenario de la justicia aplazada. Mucho dolor de por medio para las madres y los padres de esos jóvenes, que mientras no conozcan el paradero de sus hijos viven el infierno de la incertidumbre. Han encontrado un eficaz apoyo en sus abogados del Centro Tlachinollan y del Centro Pro de Derechos Humanos, así como en la movilización de amplios sectores de movimientos sociales dentro y fuera del país. Han superado el desafío que implicó la llamada verdad histórica del ex procurador Murillo; a ello contribuyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, de manera tal que el Estado mexicano se negó a renovar la asistencia técnica de dicho grupo. Como justificación insostenible en círculos oficiales se sigue señalando que el GIEI no aportó algo distinto a lo que ya su investigación –¡la de la verdad histórica!– había encontrado. Corolario de la decisión de prescindir del GIEI es la obstrucción y aplazamiento en la definición y el diseño del mecanismo de seguimiento a la investigación del caso Iguala. Han transcurrido 10 semanas desde que el GIEI-CIDH salió del país. Los familiares y sus abogados proponen que el mecanismo esté a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para vigilar el avance de las medidas cautelares emitidas en 2014, las cuales exigen que se encuentre a los estudiantes y descubrir qué pasó con ellos, es decir, el ámbito de la búsqueda, pero se refieren también a la investigación y la atención de las víctimas. Las madres y los padres solicitan que el mecanismo esté integrado por dos comisionados, entre ellos el relator James Cavallaro, y por un equipo operativo que deberá tener facilidades para estar de manera permanente en México. Además, piden para los comisionados acceso pleno a la información y que puedan visitar el país cada dos meses. En tanto, el gobierno federal ha insistido en que el mecanismo sólo debe dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la CIDH. Los familiares se han desgastado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para derivar hace unos días en la Secretaría de Gobernación, donde desde la Subsecretaría de Derechos Humanos les ofrecieron apoyo en la gestión del mecanismo aludido por lo que esperan la decisión oficial de acudir ante la CIDH y formalizarlo. (La Jornada)