Los datos duros son devastadores: AI calcula en miles los casos de tortura de mujeres por policías, soldados, marinos y fuerzas federales desde 1991 a la fecha, de los cuales sólo 15 han concluido en sentencias condenatorias para sus perpetradores.
Ante este panorama de la infamia, AI emite al final de su informe algunas recomendaciones: al Presidente de la República, que reconozca la magnitud del problema y retire a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública; y al Congreso, adoptar sin demora la Ley General contra la Tortura. Mientras esto no se haga, seguiremos siendo un país de bárbaros y desvergonzados. (El Universal)