El plazo para que se instalara en cada uno de los estados de la República venció justamente el sábado pasado. La publicidad que se ha hecho de los avances del sistema difiere drásticamente de la realidad. Aunque las primeras planas de muchos diarios presumen el esfuerzo de gobiernos estatales y del federal, la realidad es que el sistema no está integralmente instalado.
No es coincidencia entonces que el Gobierno federal haya opuesto tanta resistencia al informe que presentó el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. CIDAC, en donde hace evidente el rezago en la instalación del sistema penal. De acuerdo con el documento, al paso que vamos tardaremos once años en cubrir los elementos básicos del sistema. Escandaloso es lo menos, incluso en algunos estados de no acelerarse el proceso, tardará hasta cuarenta años la instalación del sistema.
Es raquítico el número de protocolos desarrollados por la PGR para definir las pautas de actuación ministerial, policial, pericial y de análisis criminal. Otro ejemplo del atraso es el número de defensores públicos instalados por cada cien habitantes.
Las reacciones que algunos funcionarios públicos tienen cuando se les cuestiona sobre el nivel de avance de su trabajo, se podrían caricaturizar con berrinches y desequilibrios que muestran una defensiva poco inteligente. Deberían agradecer la información que arroja este reporte, en tanto les permitirá detectar las áreas más riesgosas y facilitará el seguimiento por entidad federativa. En buena medida, este informe fue posible gracias al financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Ojalá las presiones para esconder la situación actual del sistema no impidan que la investigación siga su curso. (Sin Embargo)