La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos atraviesa uno de esos momentos difíciles. La causa evidente del entuerto es de índole económica. Resulta que el 31 de julio vence el contrato laboral del 40% de su personal y no cuenta con el dinero necesario para recontratarlo. Así las cosas, si no se consiguen los fondos necesarios, esa instancia internacional será materialmente incapaz de realizar las tareas que tiene encomendadas. Para colmo de males, las áreas que quedarán desatendidas con las más sensibles y relevantes para los habitantes de nuestro continente: adopción de medidas cautelares y admisión de peticiones individuales.
El problema -la causa remota de la crisis- se encuentra en otro lado. La CIDH es una instancia incómoda que tiene a su cargo la difícil pero indispensable tarea de denunciar abusos, violaciones, matanzas, desapariciones, etcétera, cometidas por algunas autoridades de los Estados que deben financiarla. Así que los incentivos están encontrados y son perversos: cuando aumentan las violaciones de derechos humanos denunciadas, decrece el compromiso de los Estados con el sistema internacional encargado de investigarlas. «Yo no pago para que me peguen», decía López Portillo. ( El Universal)