Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tiene una sola duda sobre la recomendación que el organismo emitiera en 2014 alrededor del caso Tlatlaya.
Ayer me recordó que esa recomendación estableció responsabilidades hacia tres distintas entidades: “Por una parte, a la Secretaría de la Defensa Nacional por los elementos que participaron en estos hechos; a la Procuraduría de Justicia del Estado de México por acciones de tortura en contra de las sobrevivientes, y, tercero, dirigidas también a la Procuraduría General de la República. ¿Qué acreditó la CNDH en octubre de 2014? Uno, que hubo ejecuciones arbitrarias, al menos 12 muy claramente establecidas y tres presuntivamente. Adicionalmente se señaló que había habido manipulación del lugar de los hechos y, además que los sobrevivientes habían sido torturados… En los peritajes hubo coincidencia al menos con la PGR que determinó que de los 12 que la CNDH había determinado como ejecutados, identificó a 7 y a uno más que la CNDH no había considerado”.
Le digo a González Pérez que el magistrado que liberó a los tres militares la semana pasada dijo que no había evidencias de que aquella madrugada hubiesen sucedido dos eventos, un primero de batalla y un segundo cuando habrían sucedido las ejecuciones. (Milenio)