A estas alturas y frente al fracaso de la Procuraduría General de la República para dar respuesta creíble al cómo y al por qué ocurrió la tragedia del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, no hay más que dos posibilidades: o el actual gobierno es terriblemente incompetente para resolver una desaparición forzosa masiva (…) o está dispuesto a pagar un precio político altísimo -interno y externo- con tal de encubrir el mecanismo que llevó a que esa noche se ordenara la desaparición de 43 estudiantes, se hiriera a otras 25 personas y se provocara la muerte de seis (…).
En el inicio, la presencia del GIEI dio un respiro político al gobierno de EPN pero al final lo dejó en una posición aún más precaria. Y es que el GIEI salió del país no por voluntad propia sino a petición del gobierno mexicano, pero no sin antes haber abierto una serie de interrogantes que demandan una investigación sobre la investigación que ya había llevado a cabo la PGR. (Reforma)