El informe final del GIEI provocó una cascada de reacciones en el mundo de los derechos humanos, donde en forma unánime respaldaron las conclusiones del grupo y exigieron al presidente Peña Nieto que las atendiera. El apoyo de una red internacional que no deja de criticarlo le duele al gobierno, que no ha terminado de aceptar por qué y hasta dónde llega la molestia en el mundo contra la administración de Peña Nieto.
El problema del gobierno mexicano no se limita a lo que piensan las organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo –ninguna que lo haya apoyado–, ni a los medios de comunicación. Su problema es con el gobierno del presidente Barack Obama, de entrada, y otros líderes europeos, porque lo que hasta hace unos meses era subrepticio, ahora se debate públicamente: no creen que el presidente Peña Nieto sea capaz de establecer el Estado de derecho en México.
En tres años y medio el gobierno de Peña Nieto acumuló agravios que generaron las presiones internacionales. El crimen contra los normalistas de Ayotzinapa desnudó sus deficiencias en materia legal y dio el pretexto perfecto para presionar al presidente y empujarlo hacia donde parece buscar Washington: que acepte un modelo de justicia trasnacional, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente para apoyar a las instituciones de procuración y administración de justicia, que produjo la detención del presidente Otto Pérez Molina el año pasado, acusado de corrupción. (El Financiero)