La realidad rompió el blindaje. El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, divulgado el domingo pasado, que cuestiona el trabajo del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, anuló la protección que durante casi dos años le dio el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien logró mantenerlo en el cargo cuando el equipo de Jesús Murillo Karam se colapsó tras el desgaste por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Zerón, que jugó un papel central en las investigaciones que llevaron a la versión oficial del gobierno, conocida como “la verdad histórica”, nunca estuvo expuesto a la crítica pública hasta esta semana, que lo obligó a responder por su trabajo. Lo hizo el miércoles, en una aparición desafortunada.
Nunca como ahora el Caso Ayotzinapa estuvo en mayor riesgo de caerse. Las críticas de expertos como el GIEI o el Equipo Antropológico Forense Argentino, respondidas con descalificaciones sistemáticas en algunos medios, fueron un antecedente que contribuyó, sin embargo, a que varios gobiernos en el mundo cuestionaran la investigación y demandaran el estado de Derecho y la aplicación del debido proceso en el Caso Ayotzinapa. No queda claro si se trató sólo de incompetencia –como se ha insistido en este espacio–, o encubrimiento, como se piensa en muchos otros sectores. Lo que sí queda claro es que el tiempo de Zerón en la PGR se acabó. Tendría que salir porque se convirtió en un lastre para el gobierno y en el mejor ejemplo de que su investigación criminal se tergiversó para engañar a la nación. (El Financiero)