El destino de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa seguirá en el aire. El Estado mexicano ha sido completamente ineficiente y será difícil quitarse la acusación popular de haber sido cómplice -pasivo-activo- de lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014.
esde que se presentó el primer informe del GIEI, en septiembre pasado, se tuvo una investigación muy profesional del caso Ayotzinapa, con muchas novedades y recomendaciones. Prácticamente todas siguen pendientes; ahora en este segundo informe aparecen otras novedades, pero nada habla de una voluntad de la autoridad para resolver el caso conforme a un Estado de Derecho.
En la opinión de los expertos, hubo un cambio de actitud de la autoridad. El gobierno de Peña Nieto decidió tensar la cuerda a partir de enero. La cúpula militar fue enfática, “no voy a permitir que interroguen a mis soldados”, dijo el secretario de la Defensa. Muy pronto llegaron las campañas mediáticas de desprestigio en contra de algunos integrantes del GIEI, el clásico juego de desacreditar al mensajero para descalificar el mensaje.
En México se hace un abuso de las pruebas testimoniales, se abultan los expedientes y se imposibilita que los jueces puedan conocerlos porque se leen sólo las conclusiones, que en muchos casos tienen poco que ver con las pruebas objetivas. Otro error importante del sistema penal es que el expediente depende de los servicios periciales, una instancia de la PGR, no independiente.
Si después del primer informe no hubo ningún avance, existe una fundada sospecha de que el aparato institucional del Estado está urgido por cerrar el caso y validar su “verdad”. Todo indica que el otro escenario, atender las recomendaciones del GIEI, está cancelado. Lo más probable es que esta tragedia marcará a este gobierno. (El Universal)