La desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de 6 personas más en la noche de Iguala están en ruta para instalarse en la galería de asuntos mexicanos sin justicia, cosa que dolerá para siempre a las familias víctimas y a una parte de la sociedad. Y por lo mismo, Enrique Peña Nieto será un presidente para el que no habrá perdón ni olvido, penitencia que le caerá por haber decidido que Ayotzinapa se pudriera.
Los sucesos de los últimos días dejan claro que el gobierno nunca pudo –ni siquiera podríamos decir que alguna vez lo haya intentado en serio– enderezar su récord de errores en torno al grave caso de Iguala.
El día de ayer el GIEI hizo un recuento de la manera prepotente y soez (los calificativos son míos) con la que se ha comportado la Procuraduría General de la República en el capítulo del peritaje del basurero de Cocula.
El daño está hecho. Pero no es el GIEI el que ha perdido, y mucho menos la PGR la que ha “ganado”. Como bien dijo el grupo de expertos ayer en su relatoría sobre el manoseo del llamado tercer peritaje, “mantener la credibilidad del proceso exige cuidado”. Eso es lo que la PGR y el gobierno (nadie va a pensar que Arely Gómez actúa sola, ¿verdad?) vulneró irremediablemente: la credibilidad en el proceso de justicia. Como si estuviéramos sobrados de eso, de confianza en nuestros procesos judiciales.
De lo que no hay duda es de que el gobierno de Peña Nieto decidió que Ayotzinapa debe quedar sin la mejor justicia posible, que pase a un segundo plano, que los padres han de errar para siempre sin encontrar paz o resignación, que Iguala engrose la historia de la impunidad en México. Que se pudra, pues. (El Financiero)