El caso Ayotzinapa está enterrando la complicidad internacional con la violación de los derechos humanos en México. Ese es uno de los significados del encontronazo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la comunidad internacional.
Miguel Ángel Osorio Chong aseguró, con la firmeza de quien está acostumbrado a manejar el poder, que «no se va a renovar» el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, reviró, en entrevista exclusiva para J. Jesús Esquivel de Proceso que el «extender o ampliar» la permanencia del GIEI «es decisión de la CIDH» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y no del gobierno mexicano.
En derechos humanos estamos regresando a los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz; con una diferencia. El poblano sí pudo cerrar las puertas a las misiones internacionales. En la actualidad Los Pinos tienen la voluntad pero carecen de la fuerza para reconstruir el muro. Y eso se hizo evidente con la reacción de la CIDH que auspicia al GIEI. El corresponsal de Proceso en Washington le preguntó al presidente de la CIDH: «¿Es tan grave la situación de los derechos humanos en México?» y el defensor respondió con un rotundo «sí, sí y sí».
Una consecuencia de este final de época es la desatención a las víctimas, lo cual es éticamente inaceptable. Para evitarlo deben activarse mediaciones ahora ausentes. Pienso, sobre todo, en los países nórdicos con su larga tradición a favor de la paz y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuyo silencio en estos momentos es contraproducente. (Reforma)