México hoy tiene dos problemas serios: por un lado, una crisis de derechos humanos de enormes proporciones; por el otro, una campaña en contra de quienes denuncian esa situación.
Primero fue contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a los que fueron a investigar a sus países para ver por dónde les podían pegar. El resultado lo pueden ver en diversos medios que reproducen una y otra vez los mismos mensajes, con las mismas voces, en un coro que tiene como fin desacreditar a quien ha señalado los errores y omisiones en la actuación de la PGR en el caso de Ayotzinapa.
En la misma línea se han lanzado en contra de Emilio Álvarez Icaza, el Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora han lanzado otra campaña en contra del relator de Naciones Unidas encargado del combate a la tortura, al que acusan de no proteger a las víctimas.
El patrón es evidente: desde algunos medios – y con la extraña participación de algunas personas desde la sociedad civil – se trata de debilitar a los que resultan incómodos para el gobierno. El objetivo es poner la lupa sobre el que exhibe y no sobre el exhibido; generar polémica sobre los denunciantes y no sobre el fracaso del Estado mexicano para garantizar nuestros derechos. No nos equivoquemos, en esto se juega más que la reputación de algunas personas. Lo que está en disputa es la posibilidad de señalar los abusos del Estado de México, ya sean en derechos humanos o en corrupción. Y si se pierde esa batalla, perdemos todos. (Versión completa en Más Por Más)