El pasado 2 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público su informe 2016 sobre la situación de derechos humanos en México. El gobierno mexicano recibió el proyecto de informe el 24 de noviembre y el 15 de diciembre del mismo año remitió sus airadas observaciones al proyecto en un documento de 93 páginas. De entrada, descalificó a la CIDH, como ha reiterado estos días, porque en una breve visita, dijo, obtuvo en nuestro país información; exige que se le diga la forma en que fue elaborado, es decir, sus fuentes y metodología a los ámbitos material, espacial y temporal
.
Se analiza y rechaza la tesis del informe sobre la violencia, sus causas y características. Acusa que hay un sesgo inicial, pues, en lugar de monitorear el cumplimiento de obligaciones del Estado, se dedicó a encontrar violaciones a los derechos humanos. Afirmó que no es congruente señalar que hay crisis seria de derechos humanos. En lugar de analizar la situación de disfrute de la mayoría de los derechos consignados en la Convención Americana, pone énfasis en ciertas violaciones que no de derechos
(sic). Demanda que se reconozca el papel y prestigio de las fuerzas armadas, y de forma reiterada contrasta el informe de 1998 con el de 2016, atribuyendo virtudes al primero sin consideración alguna sobre los cambios drásticos que se viven hoy, y eso que le interesaba, dijo, el ámbito temporal
. Cual si fuera informe presidencial, se refiere a programas como la cruzada contra el hambre que han abatido la pobreza; consultas que, dice, se han realizado a pueblos indígenas; leyes que se han promulgado; no aborda su contenido ni su aplicación. Reclama que se dedicaran pocos párrafos a la reforma de 2011 al artículo primero constitucional.
El tono se elevó ante la afirmación, que se mantuvo en el informe de que en el caso Ayotzinapa la Policía Federal y el Ejército podrían haber estado en colusión con grupos del crimen organizado. No importó que se diga que podrían
. Las baterías se centraron en el término colusión
que dijeron ni el GIEI ha utilizado. En suma, dijo que el documento carece de objetividad y equilibrio, por lo que solicitó que toda la información aportada por el Estado mexicano, así como sus observaciones, sean incorporadas al informe final de la CIDH
. ¿De quién es el informe? Es pregunta. (La Jornada)