Hay un común denominador en torno a la investigación de la tortura, que es la impunidad. Las cifras que anotamos reflejan que del total de denuncias presentadas, menos de uno por ciento se consignan. El punto 27 por ciento, para ser exactos. Asimismo, menos de uno por ciento obtiene en algún momento una sentencia.
La exigencia de mecanismos internacionales y de la sociedad civil experta en el tema trajo como resultado la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes de aplicación nacional, entre otras, sobre estos delitos. Por ello, el Ejecutivo federal presentó en diciembre de 2015 la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En un primer momento, fue construida por la Procuraduría General de la República, en consulta con organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos y expertos en el asunto. El producto final, pese a que se consultó con diversos actores, fue diferente al esperado y no refleja un compromiso serio por parte del Ejecutivo para erradicar la práctica de la tortura y, en su caso, investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de tales hechos. (La Jornada)