A finales del año pasado, en Colombia, se liberó a un ex coronel que había estado preso desde hacía 8 años y medio, acusado y sentenciado por la desaparición de dos personas en un episodio terrible, sangriento, que marca la historia de ese país desde hace ya 30 años. Me refiero a la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, donde murieron 98 personas y desaparecieron 11 (tres de ellas fueron encontradas, apenas, el año pasado: una de ellas, los restos de Lucy Amparo Oviedo, empleada de la cafetería, en dos cajas embaladas en la Fiscalía General de la Nación).
Este hombre se llama Luis Alfonso Plazas Vega y en los últimos días ha dado entrevistas en México, donde acusa abiertamente a Ángela Buitrago, una integrante del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que ayuda al Estado mexicano a tratar de esclarecer lo ocurrido en Ayotzinapa) de fabricar pruebas con dolo para meterlo a la cárcel cuando ella fue fiscal de Colombia.
Distó mucho de ser una operación quirúrgica. De hecho, a Plazas Vega aún se le podrían abrir —según el actual fiscal de Colombia, Luis Eduardo Montealegre— cargos por uso excesivo de la fuerza. Como dato: se calcula que fueron mil soldados comandados, entre otros, por este coronel con armamento pesado, explosivos, francotiradores y helicópteros a “retomar” —aunque algunos dicen destruir— el Palacio mientras en la televisión —cosa rara— se pasaba un partido de futbol. Tanto una Comisión de la Verdad colombiana como la CIDH aseguran que los militares no trataron ese día de salvar vidas.
El 16 de diciembre pasado, la Corte Suprema, por cinco votos a favor y tres en contra, liberó a Plazas Vega por in dubio pro reo, es decir, por duda razonable. Había sido declarado culpable el 9 de junio de 2010 por la juez María Stela Jara, quien luego fue amenazada y se exilió en Alemania; cargo que fue ratificado el 20 de enero de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá. (El Universal)