Desde el hallazgo de las primeras once fosas clandestinas en los alrededores de Iguala en octubre de 2014, de donde fueron rescatados 39 cadáveres, el drama de los “otros desaparecidos” ha crecido hasta convertirse en una crisis paralela a la de los 43 normalistas, pero sin que reciba la misma atención de las autoridades, o mejor dicho, sin que reciba prácticamente ninguna atención.
Hasta hoy han sido encontradas 63 fosas en los cerros de Iguala, y suman 115 los cuerpos desenterrados. De los restos exhumados, sólo 15 víctimas han sido identificadas y entregadas a sus familiares. Los últimos dos cuerpos fueron entregados la semana pasada por la Procuraduría General de la República y corresponden a dos hermanas de 21 y 30 años, que fueron levantadas en esa ciudad por hombres armados y encapuchados el 3 de julio de 2012. (El Sur, 11 de diciembre de 2015).
Se debe tener presente que han sido los familiares de los desaparecidos quienes han encontrado todas esas fosas aunque sean peritos de la PGR los que realizan las exhumaciones, y que la tarea de buscarlas fue inaugurada en octubre del año pasado por los padres de los 43 estudiantes, quienes en la desesperada peregrinación que emprendieron en busca de los normalistas se toparon con las primeras sepulturas clandestinas, lo que fue motivo de una conmoción pública porque durante algunas horas se creyó que en ellas estaban los jóvenes.Nada de eso, cuando sea aprobado por el Congreso, servirá a las 400 familias que recorren a pie los cerros que rodean a Iguala. El caso de los otros desaparecidos condensa la tragedia de los desaparecidos en el México del siglo XXI. Que es una doble y hasta triple tragedia, pues al atroz sufrimiento por el rapto de las personas, sus familiares deben sumar el desdén y el olvido de que son objeto por parte de las autoridades, y el acoso de fuerzas criminales que en algunos casos ha terminado ya en homicidio. (El Sur)