Bajo un entendimiento sumamente limitado de su mandato constitucional, el pasado lunes la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el dictamen por el cual considera quetodos los perfiles enviados por el ejecutivo federal cumplen con los requisitos previstos por el artículo 95 constitucional y, por ende, son elegibles para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)[1]. Distintas voces (academia, organizaciones de la sociedad civil y analistas) llamamos la atención sobre la relevancia de este proceso de elección para el futuro del Estado de derecho en México. Pero a pesar de ello, en el Dictamen de referencia, el Senado no fue capaz de exponer un solo argumento de sustancia sobre la idoneidad de las candidaturas evaluadas.
Al momento de razonar la elegibilidad de los candidatos, los argumentos expuestos en el Dictamen son, literalmente, un cascaron vacío. De la página 239 a 260, supuesto “núcleo” argumentativo del Dictamen, lo que el lector encontrará es la repetición mecánica de una fórmula que reduce la evaluación del Senado a un mero “checklist” de documentos; en pocas palabras: un ejercicio de “machote”, como se le denomina despectivamente a un formato en el argot jurídico.
De nada valieron las advertencias al Senado sobre la magnitud de la responsabilidad que tiene en sus manos al elegir a los nuevos integrantes de la Corte. Con este dictamen el Senado se ha decantado una vez más por la pantomima, una simulación que ya es crónica y estructural. Al momento de finalizar estas líneas aún no se conoce el resultado final del proceso, pero la evidencia es desalentadora. Ante ello, no queda más que reflexionar sobre qué hacer cuando parece que los cambios no llegarán a través del convencimiento desde arriba. (Animal Político)