México es un país donde información que debería cambiar el panorama político —nacional y en su proyección internacional— acaba siendo marginal y tiene poco impacto real. Al periodismo se le cortan las alas al coartarle su capacidad de influencia mediante el impacto de dar a conocer información de interés público. En este país nadie renuncia (o casi nadie) porque no hay la necesaria presión mediática. El voluntarismo mediático para quedar bien con los gobiernos es lo que hace a la “democracia mexicana”.
La masacre de Apatzingán ha sido confirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Según esta institución, integrantes de la Policía Federal cometieron graves violaciones a los derechos humanos, el pasado 6 de enero, contra integrantes de autodefensas en Michoacán. El organismo autónomo afirmó que hubo “excesivo uso de la fuerza” en contra de cinco personas que fallecieron y que se cometió una ejecución extrajudicial. La recomendación de la CNDH está dirigida al gobierno de Michoacán, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
A tres años del inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto está enojado y no reconoce la crisis. Gobernar a través de spots y coberturas periodísticas amigas no es gobernar. La ausencia de castigo a aquellos funcionarios que cometen graves violaciones de derechos humanos o que encubren es la regla. Las fuerzas armadas resultan intocables y se mueven en un régimen de excepción, a ningún partido político se le pide que rinda cuentas como se hace con cualquier institución pública. Son intocables y, mientras eso suceda, casos como Apatzingán, Tlatlaya y Ayotzinapa seguirán ocurriendo y quedando pendientes en la administración peñista. (Sin Embargo).