Las masacres de Tlatlaya y Apatzingán tienen aire de familia. En ambos casos la autoridad ejecutó civiles, en los dos episodios funcionarios modificaron la escena del crimen para ocultar el delito y en ambos los testigos sobrevivieron amenazas indecibles para que modificaran su testimonio.
Hay una coincidencia más: quienes defendieron a la autoridad responsable de las masacres, ante los medios, forman parte de una misma familia política. En el caso de Tlatlaya fue Alejandro Gómez Sánchez, actual procurador del Estado de México y aspirante a ministro de la SCJN, y con respecto al expediente de Apatzingán fue Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado para la seguridad de Michoacán y actualmente director general de la Conade.
Demasiadas semejanzas hay entre estos dos casos para no sospechar un mismo modus operandi: la autoridad ejecuta a civiles y luego oculta su delito acusando a las víctimas de haberse disparado entre ellas. Al final los voceros de gobierno tergiversan la realidad ante las autoridades judiciales y los medios de comunicación, convencidos de que un halo inmenso de impunidad los protege.
** Zoom: En México se premia a las autoridades que violan la ley, siempre y cuando se hallen suficientemente cerca del poder como para que el manto de la impunidad las proteja. En los casos mencionados el hilo con que fue tejido este manto conduce directo a la oficina del consejero jurídico de la Presidencia. (El Universal)