Se abre un nuevo foco de tensión entre los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y autoridades estatales y federales, civiles y militares, que obliga a regresar la mirada a la situación extrema por la que atraviesa el estado de Guerrero.
Al brutal caso de la desaparición de 43 muchachos y asesinato de tres normalistas y tres personas más la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuyas investigaciones aún continúan su curso, se agrega una nueva situación que exacerba ánimos y polariza a la población.
A quienes afirman que la policía estaba obligada a actuar frente al secuestro de camiones y robo de la pipa y que no tenía opción frente a la flagrancia, se contraponen los que contrastan la conducta de los estudiantes con los agravios mayores que han sufrido los ciudadanos de Guerrero y, en particular, los jóvenes con la desaparición misma de los 43 estudiantes. Los alegatos se repiten y volverán a repetirse una y otra vez y no será de extrañar que volvamos a ver a jóvenes estudiantes que se rebelan contra un Estado al que identifican como adversario, y a ese Estado que no ha sido capaz de resolver los agravios ni del pasado ni del presente, reaccionando con represión y violencia Nada bueno se ve en el horizonte en esa materia. El potencial de violencia protagonizada por agentes del Estado y civiles, en Guerrero, se mantiene más que vigente. Lo del miércoles pasado es apenas un recordatorio. Reforma