Bajo la lupa, La edición de hoy — octubre 22, 2015 at 8:20 am

México ante el escrutinio internacional / Miguel Concha en Contralínea

¡Ahí está el detalle!

Miguel Concha
Miguel Concha

Uno de los mensajes que compartió el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al cierre de su visita a México, fue que en lugar de matar al mensajero nos enfoquemos en el mensaje. Esta frase engloba dos situaciones particulares. Por una parte, las reacciones que ha tenido el gobierno en contra de las personas que en lo individual o de manera colectiva han cuestionado las políticas y acciones que claramente están en contra de la seguridad jurídica y la integridad física y sicológica de las personas que viven y/o transitan por territorio mexicano. Las desapariciones, la tortura, las ejecucionesextrajudiciales y el uso del sistema de justicia penal en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que exigen justicia y verdad es el mejor ejemplo de ello. Y por otra parte describe la respuesta del gobierno después de que dos de los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU visitaron al país y dieron a conocer sus conclusiones y recomendaciones preliminares: el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, y el relator Especial sobre la Tortura. De este último, incluso se puso vergonzosamente en tela de juicio su ética y profesionalismo. La historia se repitió después, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones preliminares de su visita, con las que se ratificó la grave crisis de derechos humanos, sustentada por los altos niveles de impunidad y corrupción.

Con estas reacciones, el mensaje que está dando el gobierno no sólo en México, sino a nivel internacional, es que su política exterior en materia de derechos humanos es la “negación de la realidad” y una simulación de “apertura al escrutinio internacional”. Y esto porque se invita a organismos internacionales y regionales a visitar el país y observar el estado que guardan los derechos humanos; pero cuando emiten sus informes finales, se les cuestiona, rechaza y descalifica. (Contralínea)