Reunidos en Acapulco en su 31 reunión internacional, los mineros de México, en voz de su líder, Manuel Reyes Cortés, se quejaron de que los derechos de las comunidades indígenas, los decretos de áreas naturales protegidas y los descubrimientos y registros de sitios arqueológicos “han complicado la titulación de concesiones mineras”. Y por ello pidieron al secretario de Economía y al de Medio Ambiente y Recursos Naturales que tengan consideraciones para su gremio.
El Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña-Costa Chica por la defensa del Territorio y en Contra de la Minería y la Reserva de la Biósfera (organización guerrerense) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, manifestaron en un comunicado su rechazo a “los acuerdos políticos, financieros, de regulación y leyes que el gobierno mexicano, encabezado por el Presidente de México el Sr. Enrique Peña Nieto, establezca con los empresarios mineros” en la convención mencionada. Argumentan que las empresas privadas “a través de las más devastadoras tecnologías, destruyen nuestros territorios, dejan daños irreversibles a la salud y al ambiente, promueven la división y la confrontación social y fomentan y acuerdan condiciones ideales para la implantación de territorios plagados de inseguridad, impunidad y sin procuración de justicia”.
Lo anterior no es un invento, es lo que están viviendo muchas comunidades indígenas y campesinas en todo el país. Por ello, en el comunicado invitan a los empresarios mineros a visitar las zonas afectadas, tanto por la contaminación como por la violencia, y les mencionan además las leyes que han sido violadas por los proyectos mineros. Obviamente no van a aceptar la invitación, ¿salirse del torneo de golf en el hotel Princess para ir a pasearse por allá cerca de Iguala? ¡Por supuesto que no! Es mucho pedirles. Pero si de verdad tuvieran responsabilidad social, podrían invitar a algunas de las autoridades firmantes del comunicado a exponer su situación. (Animal Político)