Con un peligroso entusiasmo de absolución tras el anuncio de que un juez federal (cuyo nombre no se ha hecho público) ordenó la liberación de cuatro de los siete militares acusados de «abatir» a 22 supuestos delincuentes en Tlatlaya, varios periodistas aclamaron la inocencia de los integrantes de las Fuerzas Armadas presuntamente implicados en el caso.
Los festejos para asumir la vocería de la reivindicación militar pudieron ser más cautelosos y respetuosos de las víctimas, incluso pudieron plantear preguntas dignas de un periodista que indaga. Pero desafortunadamente se lanzaron fuegos artificiales sin que el caso esté concluido, ya que todavía tres de los militares siguen implicados.
No deja de ser preocupante que en su celebración, opiniones como la de Ricardo Alemán, recurran a desprestigiar a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asegurando sin prueba alguna que el trabajo de sus investigadores y profesionistas responde a instrucciones de Emilio Álvarez Icaza, mexicano que actualmente preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuya trayectoria ha sido intachable. Desde el punto de vista del señor Alemán, Álvarez Icaza no tiene interés en la defensa imparcial de las víctimas, sino que sus intenciones están puestas en desprestigiar al Ejército. Así que una vez que asegura que la organización está dirigida de facto por el secretario ejecutivo de la CIDH, descalifica el trabajo de ambos y suelta una hipótesis muy aventurada: Aquellos que implican a integrantes del Ejército en la violación de derechos humanos, buscan dañar a la institución. (El Universal)