La irritación por el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que derrumbó el informe oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes entre Iguala y Cocula, Guerrero, encontró un destinatario sobre el cual cebarse: Álvarez Icaza fue señalado como personaje en conflicto de interés, excedido en sus funciones, traidor a su país….
Las voces brincaron desde el gobierno, con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, hasta el Congreso, con el presidente del Senado, el panista Roberto Gil, hasta crear un coro de «analistas» y «expertos». Oyéndolos y leyéndolos, había que concluir que si tanta gente piensa lo mismo, es señal de que nadie está pensando mucho.
Cuando el clima de tensión nos acercaba al precipicio, la administración Peña Nieto dio un sensato golpe de timón y frenó una dinámica que exponía al país al aislamiento político y ético, y acercaba aún más la posibilidad de que la tragedia de los estudiantes masacrados acabara en un expediente no sólo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de la Corte Penal Internacional.
El referido reporte de la ONU sobre estas desapariciones reclamó, hace cuatro años -desde el gobierno Calderón-, mejorar los protocolos de investigación, crear un listado confiable, definir en leyes específicas el estatus de desaparecido, otorgar protección a familias, e investigar violaciones de las Fuerzas Armadas. (El Universal)