Ante senadores, que cuestionaron la actuación del gobierno federal en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, sostuvo ayer que «no existían ni existen facultades para que el Estado mexicano intervenga, con oportunidad, en municipios como Iguala, donde el crimen se coludió con las autoridades locales. Donde la colusión, junto con los diversos problemas estructurales… derivaron en hechos tan dolorosos». De esa manera, el responsable de la seguridad interna pretendió justificar la inacción de la Federación en Iguala antes y durante el crimen cometido contra los normalistas.
¿No eran esos datos suficientes para que el gobierno federal o «el Estado mexicano», como lo llama Osorio, ejerciera sus facultades para investigar, detener o al menos arraigar a Abarca y a su titular de seguridad que a la postre ordenarían y ejecutarían -según la versión oficial- la desaparición de los estudiantes? Tan lo eran que, derivado de las AP y declaraciones ministeriales que envió la Fiscalía de Guerrero, la SEIDO inició una averiguación previa federal SEIDO/UEIDMS/439/2014, en respuesta a la solicitud de colaboración del entonces fiscal estatal, Iñaki Blanco, al titular de la UEIDMS de la SEIDO el 16 de julio de 2014.
El inicio de esa AP federal supuso que la PGR ya estaba enterada de las denuncias contra Abarca y su esposa, tanto así que solicitaron en aquella fecha informes a su delegado estatal sobre el aseguramiento de un «narcolaboratorio» en la colonia San Miguelito, que guardaba relación con lo dicho por Ernesto Pineda, en la misma declaración donde señaló los vínculos y la «colusión» -otra palabra usada ayer por Osorio- entre Abarca y Guerreros Unidos.
Derivado de eso y muchos más documentos en poder de esta columna, y que fueron entregados a la PGR meses antes de que ocurrieran los hechos en Iguala, no se sostiene la afirmación de que «no existen ni existían facultades para que el Estado mexicano intervenga con oportunidad en municipios como Iguala, donde el crimen se coludió con las autoridades locales». Las facultades ahí estaban, las denuncias y averiguaciones también, lo que no hubo fue voluntad del gobierno federal para actuar y la tragedia sobrevino después. No mienta, secretario. (El Universal)