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Después de leer el Informe Ayotzinapa elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que formó la CIDH, me queda una mezcla extraña de emociones entre vergüenza ajena, pesimismo y preguntas que no tienen respuesta. Este informe nos muestra -como en un gran aparador- la condición ruinosa de las instituciones públicas y, de forma particular, las encargadas de la seguridad pública, la impartición y administración de justicia (policías, Fuerzas Armadas, procuradurías, cárceles), es decir, una parte fundamental del Estado de derecho en México.
Resulta muy preocupante ver la condición ruinosa de las instituciones mexicanas por estar capturadas, por ineficiencia, por corrupción, por incapacidad, pero no por falta de recursos. Imaginemos qué hubiera pasado si un grupo internacional similar al GIEI hace la investigación sobre los migrantes asesinados en San Fernando, la matanza de Tlatlaya, la casa blanca, el Partido Verde, los mineros de Pasta de Conchos, las elecciones presidenciales en 2006 y en 2012. Apuesto a que los resultados serían completamente diferentes. Se derrumbarían las mentiras oficiales.
Además del dolor y la indignación hay que preguntarnos cómo se gastan los recursos públicos para fabricar informes falsos, cómo se ha desvirtuado la justicia y cómo los ciudadanos estamos desprotegidos frente a esas instituciones ruinosas. (El Universal)