La última semana dos noticias han acaparado el debate en la prensa y las redes sociales: por un lado, la renuncia y prisión preventiva del ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y por otro, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que comprueba que la verdad histórica con respecto al caso Ayotzinapa, fue una mentira histórica. En ambos temas la participación de expertos internacionales comprometidos con la lucha contra la impunidad ha sido fundamental para apoyar y visibilizar el reclamo de justicia de la sociedad civil en Guatemala y México.
En el caso del país vecino la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), encabezada por el fiscal colombiano Iván Velázquez Gómez, fue creada en diciembre de 2006 a partir de un acuerdo firmado entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, como un órgano independiente internacional que tenía como tarea apoyar a la fiscalía guatemalteca y a otras instituciones de justicia para investigar la impunidad en casos de delitos cometidos por el crimen organizado y sus vínculos con diferentes esferas de poder. La participación de este organismo fue fundamental para comprobar la participación del ex presidente Otto Pérez Molina, de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y de otros 38 funcionarios gubernamentales en una organización criminal conocida como La Línea, que se valía del de tráfico de influencias, favores y privilegios para negociar el pago de impuestos a cambio de cuantiosos sobornos
En el caso mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en su informe de casi 500 páginas, ha documentado no sólo una larga lista de fallas en el debido proceso y la responsabilidad del Estado mexicano por omisión en el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, sino que a partir de peritajes científicos se ha probado como falsa la verdad histórica con que la Procuraduría General de la República (PGR) quiso dar por cerrado el caso del 26 de septiembre del año pasado. Paralelamente se ha documentado la presencia del Ejército en diversos momentos de la detención de los estudiantes y el conocimiento de lo que estaba pasando por parte de distintos niveles del aparato de seguridad del Estado. Estos no son detalles menores, nos hablan no sólo de la incapacidad de nuestro sistema de seguridad y justicia, sino de las complicidades estatales que subyacen en el caso y que van más allá de los poderes locales de la familia Abarca. (La Jornada)