México forma parte del Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés). El pasado 25 de julio emitió una Recomendación General sobre el acceso a la justicia para las mujeres, en la cual hace un llamado a los Estados para eliminar las barreras que impiden a las mujeres ejercer este derecho.
Para Fundar, esta recomendación llega en un momento muy oportuno. Continuamos exigiendo a las instancias del Estado mexicano la reparación del daño causado a Irene Cruz Zúñiga. Irene es una mujer oaxaqueña, originaria de la sierra mixteca, que sobrevivió una mala práctica médica en el IMSS de Tlaxiaco donde fue atendida para su parto (en junio de 2001), pero quedó con una discapacidad total, permanente e irreversible. En diciembre de 2013, el magistrado del primer tribunal unitario de circuito dictó un acuerdo judicial en el cual ordena la reparación del daño a varias instancias del Estado, sin que a la fecha ninguna haya cumplido de manera integral con su obligación de reparar el daño.
La reparación del daño no es ningún favor que concede el Estado a las víctimas. La reparación del daño es un derecho de las personas que sufrieron la violación de sus derechos, sea por un particular o una entidad del Estado y cuando esta violación es cometida por un ente público, como lo es el IMSS en este caso, así como la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca que no cumplió con su deber de debida diligencia en la investigación, el Estado es el responsable de la reparación. Lo dice la ley general de víctimas. Lo dice la Constitución mexicana. Lo dice la Convención de Belem do Para. Lo dice la CEDAW en varias recomendaciones. Y lo dijo un magistrado mexicano. ¿Qué más necesitan las instancias del Estado mexicano para cumplir?. (Animal Político)