Bajo la lupa, La edición de hoy — agosto 31, 2015 at 8:20 am

De ¡Eureka! a Tlachinollan/ Carlos Fazio en La Jornada

¡Ahí está el detalle!

Carlos Fazio
Carlos Fazio
Hace 37 años, el 28 de agosto de 1978, las doñas del Comité ¡Eureka!, con Rosario Ibarra a la cabeza, iniciaron una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana, a un lado de Palacio Nacional, para demandar la presentación con vida de más de 500 desaparecidos políticos y el castigo a los culpables. Eran los días postreros de una guerra suciadesplegada después de la matanza de Tlatelolco por las fuerzas armadas, la temible Dirección Federal de Seguridad y la paramilitar Brigada Blanca, y un puñado de mujeres, madres y familiares de desaparecidos emprendía una lucha desigual en defensa de los derechos humanos, contra un régimen presidencialista autoritario que había hecho de la práctica sistemática de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas la razón de ser de un terrorismo de Estado al servicio del gran capital.

Este sábado 29 de agosto, en Tlapa, en la zona de la Montaña, allá en Guerrero, en nombre del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barreda exhibió la continuidad de la práctica de la desaparición forzada en México. Al presentar el 21 informe de labores del centro humanitario, Barreda se refirió a la tragedia de Iguala/Ayotzinapa, que el 26 de septiembre del año pasado cambió la vida de las 43 familias de los jóvenes normalistas desaparecidos, y aseveró que la impunidad en México es sistémica. Dijo que el caso desnuda la realidad de un país donde gobernantes, políticos, empresarios, militares y distintos niveles de autoridades policial y judicial conviven y forman parte de los circuitos de corrupción y violencia de los grupos de la economía criminal. Denunció que existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales, en particular a la de Ayotzinapa, y que a casi un año del hecho no se ha iniciado un solo juicio penal por el delito de desaparición forzada ni se ha indagado la eventual responsabilidad en los crímenes (hubo además seis ejecuciones y una de las víctimas fue torturada) del 27 batallón de infantería del Ejército en Iguala. (La Jornada)