Para cumplir con el papel que le otorga la constitución, se requiere de una Corte plural, integrada por profesionales del derecho que cuenten con conocimientos profundos de los diversos temas que se deben resolver. Debe ser integrada por juristas de prestigio, que aporten a la legitimidad institucional, juzguen los problemas que se les plantean de forma imparcial y no contaminen sus decisiones con conflictos de interés, pues se trata del órgano garante de los derechos fundamentales y también es el árbitro final de los conflictos políticos y jurídicos entre los gobernantes, papel que en el antiguo régimen correspondía de manera informal al señor del gran poder, pero que en una democracia debe ser tarea de un cuerpo judicial claramente autónomo.
El antecedente del nombramiento de Medina Mora, con base en una terna presentada por el presidente con dos candidatos de relleno y un proceso en el Senado que trató de eludir la discusión a fondo de los antecedentes profesionales del principal candidato —fue la presión de un grupo muy amplio de ciudadanos lo que logró el cuestionamiento de los méritos de Medina para ocupar el cargo—, me llevan a estar alerta contra la posibilidad de que, una vez más, los nombramientos en la Corte se hagan con el objetivo político, como ha ocurrido con los órganos constitucionales autónomos, de convertirla en un coto para el reparto de cuotas partidistas, en detrimento de la necesaria calidad profesional del tribunal de constitucionalidad. (Sin Embargo)