Aun cuando más mal que bien, ya existe una normativa en materia indígena que debería permitir su ejercicio a los pueblos indígenas. Sin embargo, existe un grave problema de justiciabilidad y una disputa frente al Estado sobre el sentido y alcance de los derechos logrados.
Hoy nos encontramos con las evidencias de que las normas en materia indígena aparecen subordinadas, o anuladas en los hechos, frente a otras normas con más poder, aquellas que expresan la profundización de la política neoliberal, las que propician concesiones inconsultas para megaproyectos de diverso tipo, y que recientemente han tocado fondo con la avanzada sobre recursos nacionales como el caso del petróleo. Estas normas cuentan con el Estado como elemento activo para garantizar su aplicación a costa de todo, por supuesto también a costa de los territorios indígenas.
Por ello no es casual que los líderes de la resistencia frente a esta política sean criminalizados.
Hay muchas formas de eludir la dimensión de la impunidad y falta de justiciabilidad para unos derechos que como los indígenas se han logrado con numerosas luchas, sin embargo lo que salva a los pueblos es su proverbial resistencia. (La Jornada)