La revelación por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) de la existencia de una orden a elementos militares para “abatir delincuentes”, apenas unas semanas antes de la emblemática masacre de Tlatlaya, ha reavivado un debate indispensable en una sociedad que se pretende democrática: la actuación del Ejército dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, y su responsabilidad institucional en la comisión de graves violaciones contra la población civil.
Además de la existencia de la orden de abatir civiles, el informe del Centro Prodh llama la atención sobre la falta de justicia y verdad en el caso, pues mientras la Procuraduría General de la República (PGR) acusa a siete militares por la muerte de ocho personas, la CNDH apunta a que entre 12 y 15 de las 22 personas que perdieron la vida habrían sido ejecutadas una vez que se rindieron ante los soldados. Pero incluso podría tratarse de un número mayor, incluyendo a la menor de edad Érika Gómez. Esta parte de la verdad tendrá que aclararse al mismo tiempo que se explique por qué y cómo sucedió la masacre, incluyendo la citada e ilegal orden de relevo en la dirección del “operativo”, así como los responsables por cadena de mando.
Otro aspecto que de ninguna manera puede dejarse de lado es la exigencia de un trato digno hacia la testigo y sobreviviente conocida como Julia, madre de la menor Érika, pues, de no ser por su valiente testimonio, esta masacre sería hoy, a ojos de la opinión pública, lo que siempre quisieron hacer parecer las autoridades: muertes producto de un enfrentamiento y no ejecuciones arbitrarias. Es indispensable que las autoridades respeten jurídicamente y reconozcan cabalmente su condición de víctima; sobre todo es fundamental que se garantice su seguridad. Ante el caso específico de Tlatlaya, la PGR tiene la obligación institucional y política de tomar en cuenta este informe para esclarecer cabalmente los hechos, y permitir la creación de una comisión independiente que, con la participación de expertos de la sociedad civil, realice una investigación imparcial de lo ocurrido. La investigación de la cadena de mando es por otro lado ineludible, lo que implica que los mandos militares deben ser citados a declarar en el fuero civil y ser investigados.
Pero frente a la discusión sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, también la sociedad tiene la responsabilidad de hacer eco del debate y exigir el apego al marco normativo de los derechos humanos, con el fin de poder transitar hacia una concepción de la seguridad que ponga en el centro el respeto a la dignidad de las personas y el cumplimiento de sus derechos, para que se aleje del paradigma militarista hoy en boga. (Contralínea)
