Hace apenas unos días, un numeroso grupo de personas y organizaciones publicaron un comunicado en el que expresan su preocupación por dos decisiones tomadas en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Una se refiere a la reserva de la averiguación previa abierta en contra de los ocho elementos militares involucrados en los sucesos de Tlatlaya, «sin considerar que esta información está relacionada con hechos que han sido declarados por la CNDH como violaciones graves a derechos humanos». La otra, a la reserva de información sobre el origen y destino de las bitácoras de viaje de las aeronaves de la Conagua, «las cuales hacen referencia al caso de David Korenfeld, quien fue sancionado previamente por la Secretaría de la Función Pública por el uso indebido de un helicóptero oficial».
Tras revisar los documentos que respaldan ambas decisiones, coincido con la interpretación de quienes suscribieron el comunicado: los comisionados Kurczyn, Monterrey y Puente -con el voto particular de Acuña-, tropezaron con la misma piedra que acabó minando la autoridad moral del viejo IFAI y quebrando su labor de grupo: rendirse ante los argumentos retorcidos de quienes se niegan a entregar información fundamental para la vida pública de México y sentar un precedente que, de seguirse en adelante, sometería el principio de máxima publicidad a los partidarios del secreto. No quisieron confrontar a la Sedena y tampoco quisieron revelar las fechas, las horas, los orígenes ni los destinos de los vuelos realizados por los helicópteros de la Conagua que, al menos una vez, fueron claramente usados para fines privados.
Por la trascendencia de sus decisiones y su impacto en la ética pública de México, hay instituciones que están llamadas a convertirse en emblemáticas (para bien o para mal), y el INAI no sólo es una de ellas, sino que es una de las principales: nació de la batalla por la transparencia y por la rendición de cuentas y su actuación constituye una puerta de entrada ineludible para combatir la corrupción. Si se rindiera ante los alegatos que prefieren seguir echando velos de opacidad sobre las decisiones oficiales, no sólo acabaría perdiendo su razón de ser sino que podría convertirse en algo peor: en una agencia de legitimación legalizada en contra del derecho a saber. (El Universal)