Cuando aún no se esclarecen totalmente las ejecuciones de Tlatlaya y el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa cumple esta semana 10 meses sin conclusión final, dos nuevos casos ponen a la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la lupa. Al tiempo que se acusa al Ejército de endurecer sus protocolos contra protestas sociales y disparar contra civiles en Aquila, Michoacán -con saldo de al menos un niño muerto y tres heridos- y de participar en la desaparición de 7 jóvenes en Calera, Zacatecas, arrecia también el tiroteo mediático y de opinión pública contra la milicia armada por violaciones graves a derechos humanos.
Qué tan fuerte estarán calando los señalamientos contra los militares, que el propio presidente Enrique Peña Nieto dejó ayer de lado el discurso de la vergüenza y el coraje por la fuga «de fantasía» del Chapo Guzmán -Monte Rubido dixit- para salir en defensa de las Fuerzas Armadas y acusar que hay interesados en «manchar» a las instituciones castrenses. «Por más que a veces algunos se empeñen por manchar el esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas, es de reconocer, como mexicanos, que nuestro Ejército y nuestra Marina, integrada por mujeres y hombres que han surgido del pueblo, trabajen todos los días con esmero, sacrificio, dedicación en favor de los mexicanos», mencionó Peña.
Pero la defensa presidencial chocó ayer con declaraciones y testimonios que confirmaron que sí fueron balas disparadas por los militares las que provocaron la muerte de un menor de 12 años de edad que falleció por una esquirla que le entró por la nuca y le salió por la cara, además de otros tres heridos -entre ellos una niña de seis años- cuando un convoy militar, al mando del coronel Samuel Hernández, disparó para dispersar el bloqueo de pobladores de Aquila que impidieron el paso al 68 batallón de Infantería en protesta por la detención de un líder de autodefensas de la zona.
Los casos de abusos y violaciones de derechos humanos tendrán que esclarecerse y castigarse. A menos que la defensa presidencial signifique también impunidad para que en su necesaria labor, los militares avasallen los derechos civiles. (El Universal)