Como señalábamos en nuestra entrega anterior ( La Jornada, 6/7/15), con base en la teoría de responsabilidad por cadena de mando ?que asume hasta sus últimas consecuencias los principios de jerarquía y obediencia militar?, para el Prodh es indispensable precisar el grado de participación de los mandos superiores en el hecho, a fin de determinar la posible responsabilidad institucional del Ejército Mexicano. Ello, como un ejercicio mínimo de rendición de cuentas y control civil sobre las fuerzas armadas, cuyos miembros son servidores públicos.
Con independencia de la tan mentada honorabilidad de la institución castrense ?que más allá de lo que diga su comandante supremo, Enrique Peña Nieto, nunca debe estar por encima de toda duda o sospecha, máxime cuando se aparta de los protocolos y los estándares internacionales vigentes, como en el suceso de marras?, es evidente que, al igual que en el caso Ayotzinapa/Iguala, cuando se pide indagar en la cadena de mando no es para desprestigiar o atacar al Ejército, como arguyó el general Cienfuegos en la ceremonia conmemorativa del día del arma.
Con el argumento de que el Ejército es la institución más sólida del país, el secretario de Defensa se ha negado a responder los requerimientos de información sobre los casos Tlatlaya y Ayotzinapa/Iguala solicitados por una comisión de la Cámara de Diputados (uno de los tres poderes del Estado); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) e incluso la Procuraduría General de la República. Colaboradores del ex procurador Jesús Murillo Karam revelaron que Cienfuegos advirtió que con el único que tenía que hablar era con su jefe, el Presidente de la República.
Es hora de que el Ejército deje de actuar como un poder fáctico incontrolable y asuma con seriedad su papel de institución de un eventual estado de derecho. (La Jornada)