Tlatlaya revela con claridad la improcedencia de los protocolos militares, diseñados para la guerra, en la contención de delincuentes del fuero común en tiempos de paz o de guerra no declarada.
Es la persistencia de estos protocolos, inherentes al accionar de las fuerzas armadas, lo que hace sonar las alarmas en la comunidad defensora de los derechos humanos.
El Ejército y la Marina padecen las consecuencias de haber librado con métodos militares una guerra no declarada contra criminales civiles. Pueden acabar siendo los únicos que rindan cuentas ante tribunales de derechos humanos.
Son los únicos, por lo pronto, que están en ese camino, a consecuencia de una guerra muy cara, librada por presión externa, en la improvisación institucional y el vacío legal. (Milenio)