No hay duda de que en el lenguaje militar, para el caso de México, el término “abatir” es unívoco e indica que se ha dado muerte a presuntos criminales. La reacción del gobierno de la República, por medio de la Secretaría de Gobernación, a la evidencia que ofrece el Centro Prodh ha sido sólo decir que en el diccionario “abatir” significa derribar, desarmar o descomponer. La institución de los jesuitas ya respondió a esta absurda intervención del gobierno que es un atentado contra la inteligencia.
Los hechos interrelacionados que denuncia el Centro Prodh son dos: un documento del Ejército que ordena a sus integrantes “abatir delincuentes en horas de oscuridad” y 22 presuntos delincuentes “abatidos” en Tlatlaya, como se afirma en partes oficiales. A ésos debe responder el gobierno de la República. Hacerlo está en la lógica de su interés. Se puede controlar a sectores de la prensa e incluso “bajar” el tema de la cobertura mediática, pero eso no hace desaparecer la realidad.
La respuesta del Ejército no puede ser, como ahora lo ha hecho, decir que siempre instruye a sus elementos a respetar los derechos humanos. Eso está bien, pero no contesta a los señalamientos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya probó que en el caso de Tlatlaya hubo ejecuciones extrajudiciales por elementos del Ejército. El caso está en manos de las autoridades judiciales que a un año todavía no resuelven. Las preguntas siguen sin respuesta: ¿Quién ordenó las ejecuciones de Tlatlaya? ¿Quiénes las ejecutaron respondieron a una orden? ¿Es una política institucional? (El Economista)