La noción de justicia transicional abarca los procesos y mecanismos nacionales, regionales, universales, jurídicos o no, que tienen que ver con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado autoritario, de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Dichos procesos incluyen, entre otras situaciones: el enjuiciamiento de los responsables de los hechos, el resarcimiento de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional y la investigación de antecedentes. En México no se han dado los supuestos que nos permitan afirmar que el gobierno mexicano agotó esfuerzos, desde todos los ámbitos, para concretar la justicia transicional.
No se ha enjuiciado a ningún responsable de los hechos, ello a pesar de que la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) reconoció a 788 desaparecidos, 537 en el estado de Guerrero. Adicional a ello la falta de transparencia en las investigaciones penales y el total abuso de los plazos para determinar la averiguación previa han sido un obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas y hacia su resarcimiento ya que parte de las reparaciones consiste en el castigo a los responsables.
La búsqueda de la verdad de los hechos ha estado limitada por el acceso a la información de los documentos. El informe de la FEMOSPP nunca fue público y sólo se conocen “borradores” de versiones no oficiales. Recientemente, en 2015 se clasificaron como “históricos confidenciales” los archivos de la Guerra Sucia. Ello ha generado un retroceso en cuanto al acceso a la información histórica de los hechos, ya que en un principio las víctimas tenían un acceso total, incluso a documentos que contenían datos personales, posteriormente la información se fue testando y restringiendo hasta la entrada en vigor de la Ley Federal de Archivos que permite la restricción de la información. En México no ha existido una verdadera reforma institucional, a pesar de la alternancia de poderes en dos sexenios, no se ha llegado a un cambio de paradigma político-jurídico que garantice instituciones autónomas y democráticas. (Animal Político)