Los primeros 2 años en que se realizó el examen de ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD) habían tenido preferencia los egresados de las normales públicas; sin embargo, la actual dirección del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), so pretexto de la jubilación masiva de trabajadores en servicio, calcula que en los próximos años los egresados de las escuelas formadoras de maestros no cubrirán la demanda requerida en el país; por lo cual, del 11 al 19 de julio de este año podría empezar a abrirse el examen de ingreso a la profesión docente a todas las universidades, que de cualquier modo está previsto para el ciclo escolar siguiente.
Lo que se observa detrás de este discurso es la justificación para desaparecer a las normales, pero también a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a los Centros de Actualización del Magisterio (CAM) y los institutos de ciencias de la educación que todavía existen en algunas entidades. Esta amenaza se suma al cierre forzado de varias escuelas, unas veces de manera violenta, como en el caso del Mexe, Hidalgo, y otras por disposiciones administrativas que, de forma vertical, deciden no abrir más licenciaturas como en el caso del CAM-Distrito Federal. Para darnos una idea de lo que esto significa, hace 15 años había 655 normales en México, hoy sólo existen 484, de las cuales 210 ya son privadas.
La apertura del SPD a cualquier institución pública o privada tiene por objetivo hacer de la educación, así como de la preparación de los maestros y maestras, una actividad sumamente rentable; por ello han proliferado de modo incalculable las escuelas particulares ofertando cursos y simulacros del examen de ingreso al servicio docente, con un costo que oscila entre los 5 mil y los 10 mil pesos. La primera evaluación magisterial para la permanencia, establecida para el periodo del 15 de junio al 3 julio del presente año, es apenas el inicio de la ruta del despido, que ya nos pone ante el peligro de un golpe laboral de dimensiones mayúsculas contra el sindicalismo, que podría superar cuantitativamente al que el Estado mexicano dio a los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fueron separados de su trabajo en octubre de 2009. (Contralínea)