A fin de cuentas, cuando un gobierno no utiliza los instrumentos técnicos que tiene a su disposición para rastrear, responder y dar cuenta de los hechos, se puede decir que, en el sentido más estricto, se está ante un Estado fallido. O cuando menos se está ante una democracia fallida. Y eso es, exactamente, lo que está sucediendo en Veracruz hoy. Para empezar, Veracruz es el estado con más periodistas asesinados del país. A inicios de mayo, Animal Político informó que iban ya 12 periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte. Ningún asesinato se ha resuelto.
El 5 de junio pasado, la revista Sinembargo publica un reportaje escalofriante sobre una golpiza espantosa dada a un grupo de jóvenes activos en el movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana. Diez sujetos, armados de bates, palos, machetes, con chalecos tácticos policiales, irrumpieron en una casa particular de Jalapa y golpearon, apalearon y machetearon a ocho estudiantes hasta dejarlos medio muertos.
Sinembargo informa: El ataque y la denuncia pública del mismo sufrieron respuestas contradictorias del gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron acusados de ser responsables de las agresiones. Como siempre, la palabrería gubernamental salió más rápido que las acciones que legalmente correspondían hacer. En 10 horas la policía ministerial no se acercó a investigar o acordonar el área donde ocurrió la agresión. Peor: varias patrullas llegaron a la escena del crimen poco después de la paliza –que según los estudiantes fue propinada como advertencia intimidatoria para el movimiento estudiantil–, pero se retiraron en cuanto recibieron una extraña instrucción de los ocupantes de un vehículo Pontiac blanco. Las patrullas se fueron sin auxiliar a los heridos ni dar parte a otros elementos policiacos o a un hospital. Mientras, estudiantes y vecinos le rogaban a los patrulleros que, por favor, se quedaran, por si regresaban los golpeadores a rematarlos. Pero las patrullas se fueron, sin dar parte a nadie. Y los hechos siguen sin esclarecerse.
¿Estado fallido? Quizá. La otra alternativa es todavía peor: Estado cómplice. (La Jornada)