Los jóvenes de la telesecundaria del pueblo defendieron su derecho a la educación con la única opción que les dejaron: a balazos. El 29 de marzo pasado la comunidad rarámuri de El Manzano, municipio de Uruachi, Chihuahua, fue invadida por una gavilla de sicarios del crimen organizado. Las familias del pueblo, sobre todo los jóvenes, los estaban esperando armados como pudieron. Los muchachos fueron claros: “No queremos que nos recluten; queremos seguir estudiando y cultivando la tierra. Nos vamos a defender, aunque nos maten”.
Lo que une a los grupos del crimen organizado con las grandes empresas forestales, mineras, de energía y turísticas es su prisa por anular la resistencia de las comunidades o por suprimirlas. Entre ellos pueden negociar, como lo hacen las compañías mineras al pagar protección a los sicarios. Pero no pueden negociar pueblos enteros en resistencia. Otra de las coordenadas es la pasividad o complicidad del gobierno con las mafias.
Estos son los hechos que refutan el triunfalismo del gobernador y del gobierno federal sobre la reducción de la violencia en Chihuahua. Por supuesto que por toda la sierra Tarahumara las elecciones del próximo domingo estarán bajo la mirada del crimen organizado y las autoridades coludidas con él. Pero los focos rojos que por acá se encienden no son por las amenazas contra el proceso electoral, sino contra los territorios, la sobrevivencia de las comunidades y la vida de las personas. (La Jornada)