El GIEI no ha podido entrevistar a todos los agentes de la Policía Federal y de la Policía Ministerial que, según los testimonios, estuvieron presentes en las escenas del crimen del día 26 de septiembre. Sus testimonios son indispensables y negarlos resulta por demás sospechoso ¿prefieren desgastar a toda una corporación que investigar a unos cuantos?
Resulta ridículo que un juez haya declarado que es mejor acusar a los sospechosos por el delito de secuestro, por tener penas más graves que la tortura y el homicidio. La justicia no debe responder al gusto del consumidor, sino a los hechos constitutivos del delito; en este caso se deben investigar los siguientes crímenes: desaparición forzada, tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de justicia, abuso de autoridad, uno inadecuado de la fuerza, lesiones y amenazas.
Más allá de la imaginación, de los chismes y las sospechas de todo tipo, lo que el GIEI exige es que se haga un análisis del contexto real y del modus operandi de los perpetradores para llevar a cabo la estrategia de búsqueda formal. Hasta no tener certezas, los 43 jóvenes deben ser buscados por cielo, mar y tierra. Porque un crimen que se da por sentado sin evidencia, es fácilmente reiterado.
A todos, al gobierno y a la sociedad, nos conviene esclarecer este caso, debemos tener evidencia absoluta de que el gobierno federal no lleva a cabo prácticas dictatoriales de desaparición forzada, porque de ser así, hemos de hacer todo lo posible para impedir que México caiga en el despeñadero de la limpieza social como práctica política. (Aristegui Noticias)