* El informe de los expertos de la CIDH confirma que el caso está lejos de cerrarse.
Ciudad de México, 18 de mayo de 2015. De presentación precavida pero contundente, dos elementos ofrecidos alrededor del tercer informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa confirman que el destino de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada no puede darse por resuelto de ninguna manera con la versión y las pruebas ofrecidas por la Procuraduría General de la República (PGR): primero, que existen alegaciones de tortura por parte de algunas de las personas en cuyas declaraciones se basa la teoría del caso, y segundo, que no hay un móvil sólido que explique el inicio de la trama esgrimida por las autoridades federales.
De confirmarse la tortura contra los detenidos y de acreditarse que los estudiantes no intentaban sabotear el acto político de la esposa del ex alcalde José Luis Abarca –que es el móvil que hasta hoy sostiene la Procuraduría- , los cimientos de la “verdad histórica” de la PGR quedarían debilitados.
Las fallas en la investigación de la PGR que hasta ahora ha documentado el GIEI no sólo ponen en riesgo la posibilidad de que las familias de los estudiantes y la sociedad en su conjunto puedan acceder a la verdad, sino que demostrarían un actuar irresponsable de las autoridades ante uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas en México durante los últimos años. Esta demostración sería devastadora: si en una investigación que previsiblemente sería materia de escrutinio internacional no privó la debida diligencia y el respeto a los derechos humanos, ¿qué habría que esperar de las miles de investigaciones sobre desaparición forzada que languidecen en las agencias del ministerio público al no ser objeto de ninguna supervisión?
Otro elemento preocupante que ha puesto sobre la mesa el GIEI es que las autoridades parecen persistir en su intención de diluir la responsabilidad del Estado en los hechos. Esto es porque a pesar de que las autoridades afirman tener a 106 presuntos responsables detenidos, ninguno de ellos ha sido imputado por desaparición forzada, a pesar de que es evidente que ése es el delito principal cometido. Así lo han dicho no sólo los expertos del GIEI como parte de sus primeras recomendaciones a las autoridades, sino también otros actores internacionales relevantes, comoel Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
El informe del GIEI identifica, además, otras fallas que justifican que persista el reclamo de justicia y verdad con el que las familias siguen interpelando al Estado. Por ejemplo, las y los connotados expertos internacionales señalan cómo la dispersión de los juicios en al menos 13 causas radicadas en 6 juzgados distintos pone en riesgo no sólo la preservación de evidencia, sino también una interpretación unificada y armónica de este crimen.
Las primeras recomendaciones deberían ya motivar la acción inmediata de las autoridades correspondientes: la calificación del crimen como desaparición forzada, la apertura de nuevas líneas de investigación, la concentración de los expedientes y, sobre todo, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
Ante la respuesta negativa de las autoridades en algunos de los temas más delicados tocados por los expertos desde el inicio de su trabajo en México –como la falta de clasificación de los delitos como desaparición forzada y la solicitud de entrevistar a los integrantes del 27 Batallón-, es necesario recordar que el trabajo del GIEI ocurre en el marco de unas medidas cautelares otorgadas por la CIDH, plenamente vinculantes para el Estado mexicano. De no acatar las recomendaciones del GIEI, se estaría enviando un mensaje negativo a la comunidad internacional y a la sociedad, que espera que este caso sea un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en la que se encuentra sumido México.
La intervención del GIEI en el caso Ayotzinapa supone una modalidad inédita de supervisión internacional respecto de una investigación en curso. No es común que expertos y expertas internacionales con prestigio en toda la región verifiquen técnicamente y conozcan desde las entrañas una investigación penal, en el país de los presuntos culpables y de la tortura generalizada. Por eso, sus recomendaciones pueden contribuir al esclarecimiento del caso, pero también a la profunda y urgente revisión que desde hace años demanda el sistema de justicia mexicano. Es por ello, justamente, que sea de interés público que el GIEI tenga las condiciones adecuadas para realizar cabalmente su mandato y para contribuir a que la justicia y la verdad sean una realidad.
* Artículo publicado originalmente en Animal Político