* Preocupa que cambio de titular en la PGR pueda afectar el acuerdo firmado por el Estado mexicano.
México, DF, 03 de marzo de 2015. Las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa expresaron su “absoluta confianza” en el trabajo que ya realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El Grupo inició sus labores de verificación técnica de la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) con el encuentro con las y los familiares y normalistas, lo que “representa un contundente mensaje de compromiso con las víctimas, al tiempo que confirma que la falta de esclarecimiento de los hechos de Iguala continúa generando la más alta preocupación de la comunidad internacional”, señalaron en comunicado conjunto.
En la reunión realizada ayer en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, las y los familiares de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala le comunicaron a los expertos algunas de sus preocupaciones respecto de la actuación del Estado en el caso, y urgieron a las autoridades mexicanas a brindar las condiciones necesarias para que el GIEI pueda cumplir con su mandato y hacer las recomendaciones necesarias para que las víctimas accedan a la justicia y a la verdad.
El mandato de los expertos, todos con un alto perfil, se enfocará en analizar tres ejes principales: la búsqueda con vida, la investigación penal y la atención brindada a las víctimas. El Grupo podrá formular recomendaciones para mejorar la respuesta del Estado ante el caso Ayotzinapa, así como recomendaciones estructurales para fortalecer sus capacidades en materia de desaparición forzada.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, organizaciones que acompañan a las familias, saludaron también la llegada del GIEI, “convencidos de que es indispensable poner bajo el escrutinio público la investigación realizada por la PGR”.
Las familias de los jóvenes víctimas de desaparición forzada señalaron que están preocupados por la posibilidad de que el cambio de titular de la Procuraduría General de la República (PGR), ahora a cargo de Arely Gómez, puedan afectar el cumplimiento del acuerdo de cooperación técnica firmado por el Estado Mexicano.
Las organizaciones de derechos humanos recordaron que hace menos de un mes, la PGR pretendió cerrar la investigación y dar por muertos a los estudiantes, lo que fue cuestionado técnicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y rechazado por familiares y defensores de los normalistas, quienes hicieron públicas diez sólidas razones por las que no puede darse por concluida la investigación ni por esclarecidos plenamente los hechos. La nueva titular aseguró ayer, durante su comparecencia en el Senado, que dará todas las facilidades al Grupo de Expertos para realizar su labor, y se comprometió a explorar todas las líneas de investigación.
El GIEI fue creado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado, la CIDH y las familias y sus representantes, en el marco de las medidas cautelares otorgadas por el órgano del Sistema Interamericano el pasado 3 de octubre del 2014.
El Estado mexicano aceptó formalmente la conformación del GIEI el 18 de noviembre de 2014, dos semanas después de su primera reunión con los padres y madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada. El GIEI fue designado por la Comisión el 16 de enero de 2015, y sus integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano como por las organizaciones.
El grupo de expertos quedó conformado por Carlos Beristain, experto español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos con trabajo en Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y el Sahara; Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; el abogado chileno Francisco Cox Vial, quien trabajó en apoyo de la extradición del dictador Augusto Pinochet a España y como asesor de la CIDH en diversos casos; Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años y experta en investigación del crimen organizado y violaciones de derechos humanos, y el jurista colombiano Alejandro Valencia Villa, experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y colaborador en Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.