Como consecuencia de la violencia, el desplazamiento interno de población en nuestro país es cada día más evidente y alarmante. Es un fenómeno que se está presentando desde hace ya varios años en México en toda su extensión, y no existe ningún mecanismo gubernamental que atienda a ese contingente vulnerable y en riesgo. Desde 2012 cientos de familias se han visto obligadas en Sinaloa a abandonar sus comunidades de origen en la región de la Sierra Madre Occidental, en el noreste de ese estado. Esperanza Hernández Lugo, víctima de ese fenómeno, lucha desde entonces por la defensa de los derechos humanos de las más de 600 familias que llevan ya más de tres años asentadas en Culiacán y en la Ciudad de Guamúchil, luego de que múltiples delitos y violaciones a sus derechos fundamentales las orillaron a abandonar sus lugares de origen en las comunidades serranas.
La labor que esta defensora ha llevado a cabo, con el objetivo de visibilizar el despojo y desarraigo que ha experimentado la población desplazada, incluye la elaboración de un censo, gracias al cual se ha identificado que son más de 40 las comunidades que han sido abandonadas debido al clima de inseguridad y criminalidad que ocasiona la delincuencia organizada, y perpetúa la omisión de las autoridades. Como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos, ha sido objeto de amenazas de muerte y agresiones que la han obligado por segunda ocasión a desplazarse para salvaguardar su integridad física, siendo así revictimizada. (La Jornada)