Varios son los casos que ejemplifican el uso de la tortura sexual para fabricar culpables en el contexto de detenciones en operativos de seguridad pública: las hermanas González Pérez en 1994, detenidas y víctimas de violencia sexual a manos de militares en Chiapas con el fin de incriminarlas de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional; en 2011 Miriam López detenida, arraigada y víctima de violencia sexual a manos de militares para incriminarla en actividades de la delincuencia organizada, y por supuesto, Inés y Valentina, torturadas sexualmente en 2002 por militares para obtener información sobre el paradero de presuntos guerrilleros en Guerrero.
El caso de Verónica Razo Casales nos prueba que esta cruel práctica ha trascendido los contextos y las décadas bajo el cobijo de la impunidad. Han pasado 3 años y 9 meses de la detención de Verónica; su confesión, arrancada bajo tortura, es una de las pruebas más fuertes que al día de hoy sustentan su permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social, número 4 en el estado de Nayarit. Desde ahí, alejada de su familia, se enfrenta a la reclusión por un delito que jamás cometió y con las afectaciones físicas, emocionales y psicológicas de la tortura física y sexual a la que fue sometida durante su detención.
Hoy, romper el silencio es exigir la liberación de Verónica, Yecenia y Cristel, así como garantías para su protección. Es sumarnos en una lucha para visibilizar y denunciar la tortura sexual como forma de criminalización a las mujeres, difundiendo los casos para que ninguna otra mujer deba enfrentarse a la injusta realidad de ser víctima de la tortura sexual y la violencia estructural de género, haciendo un llamado a las autoridades a garantizar el acceso a la justicia no sólo para Verónica, sino para todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual. (Animal Político)